Un análisis de nuestra estructura de activos nos permite:

• Asegurar el adecuado tratamiento y clasificación contable de los activos según la Normativa Contable (NIC´s, Sarbanes Oxley, etc…)
• Garantizar la aplicación de los coeficientes de amortización según la normativa fiscal vigente.
• Permitir la valoración real y continua del patrimonio de la organización.
• Apoyar la toma de decisiones en relación a adquisición de activos, planes de renovación e inversiones, contratación de seguros y consiguientemente, favorecer la optimización de los costes y distribución de los recursos.
• Fortalecer la salvaguarda, custodia y mantenimiento del patrimonio detectando con suficiente celeridad posibles incidencias, perdidas de valor, extravíos, depreciaciones extraordinarias.
• Favorecer la gestión diaria y eficiente de los recursos.
• Asegurar la identificación y ubicación permanente y actualizada de los bienes y elementos que integran el inmovilizado material de la organización y el control exhaustivo de los bienes.

La Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, establece de forma precisa los deberes de diligencia y lealtad de los Administradores, así como las facultades indelegables del Consejo, desarrollando importantes obligaciones atribuibles a todos los Consejeros, en relación con la Gestión de Riesgos, el control interno y el Gobierno Corporativo, realzando además, la importancia de documentar los controles realizados como prueba de los deberes cumplidos.

Si se incumplen los requisitos de la elaboración de la RPT se produce la invalidez de los actos de aplicación por lo que -con mayor razón- la inexistencia misma de tal instrumento será motivo de ilegalidad de las convocatorias que lo sortean (STS 22/5/2000, que anula la RPT por falta de negociación sindical). 

La oferta de empleo no subsana la ausencia de RPT, ya que “sin RPT no es posible aprobar la oferta de empleo”. Por ejemplo,  la STS 25/6/2008 precisó que la RPT es presupuesto previo de la oferta de empleo, aunque no existe obligación de ofertar todas las vacantes de la relación. 

Según Sentencia 11.01.2010 de la Sala de lo Contencioso 5 de Oviedo “malamente puede abonarse el complemento específico o de destino a los funcionarios que obtengan las plazas en las convocatorias aquí impugnadas cuando solo pueden verse atribuidos previa valoración de los puestos de trabajo. Al dictarse una convocatoria sin la previa y preceptiva RPT se tiende un puente en el vacío, ya que serían plazas de funcionario convocadas bajo criterios y características del puro arbitrio de la alcaldía, sin criterio de racionalidad organizativo alguno, y -además- una vez seleccionados los aprobados, no existiría el instrumento necesario que habilitase o diese cobertura al abono de unas retribuciones concretas. Por todo ello, ha de estimarse el recurso contencioso administrativo y anular la resolución impugnada en cuanto convoca diversas plazas sin contar con la previa y preceptiva relación de puestos de trabajo.

El Código Penal incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante determinados delitos cometidos en el contexto empresarial.

Este tipo de delitos no sólo son imputables a las personas físicas, sino además, tienen importantes consecuencias paras las personas jurídicas, que son responsables no sólo de delitos cometidos en su nombre por sus representantes y administradores, sino además de los delitos cometidos por sus empleados ante la falta de medidas de control y prevención.

Las consecuencias de esta responsabilidad penal, dependiendo de la gravedad del delito, irán desde multas, inhabilitaciones o suspensión de actividades hasta la intervención o disolución, sin olvidar el riesgo reputacional.